Según el informe ‘Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025’, las agresiones físicas y verbales contra personas LGTBI+ experimentan un preocupante repunte, coincidiendo con el auge de los discursos de odio y una respuesta institucional aún insuficiente.
Madrid, 14 de mayo de 2025. – Con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora cada 17 de mayo, la Federación Estatal LGTBI+ ha presentado este miércoles el informe ‘Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025’, un exhaustivo análisis sobre el impacto del odio hacia las personas LGTBI+ en España. Este estudio pone cifras y contexto a una violencia sistemática que, lejos de disminuir, se perpetúa a través de nuevas formas de discriminación, alimentada por discursos de odio, polarización política y una respuesta institucional aún insuficiente.
Según el informe, basado en una muestra de 800 entrevistas realizadas por 40dB, la población LGTBI+ alcanza el 11,1 % del total la población española mayor de 18 años —lo que se traduce en, aproximadamente, unos 5 millones de personas—, de las cuales una proporción alarmante ha visto vulnerados sus derechos fundamentales en el último año.
El estudio revela que el 20,3 % de las personas LGTBI+ ha sufrido acoso, ya sea mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital, lo que equivale a 819.000 personas. La discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda, alcanza al 25,25 % del colectivo (unas 1.282 500 personas). Más preocupante aún es el salto en las agresiones físicas o verbales, que pasan del 6,80 % en 2024 al 16,25 % en 2025, un incremento de 9,45 puntos que se traduce en 812.000 personas agredidas en el último año.
Este repunte de la violencia no es una realidad aislada. Las estadísticas europeas y los datos del Ministerio de Interior también alertan de un aumento similar de los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género.
“Nos enfrentamos a una normalización alarmante del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física”, ha advertido Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. En este sentido, ha señalado que “estamos hablando de derechos fundamentales y de vidas que hoy están en riesgo por una impunidad que no podemos seguir permitiendo”.
La violencia se ceba con la juventud y con las rentas más bajas
Las personas entre 25 y 34 años, especialmente las personas trans y aquellas con menores ingresos, se encuentran entre los perfiles más expuestos al odio. La combinación entre las variables de edad, identidad de género y situación socioeconómica incrementa de forma significativa el riesgo de sufrir acoso, discriminación y agresiones físicas o verbales.
Según los datos, un 23,76 % de las personas de entre 25 y 34 años ha sido víctima de una agresión en el último año. En este mismo grupo, el 35,64 % ha sufrido discriminación y el 28,22 % ha sido acosado. Por otro lado, la incidencia de estos ataques se agrava entre quienes cuentan con menores recursos económicos: el 24,47 % ha sufrido agresiones, el 29,79 % discriminación y el 21,12 % acoso. Estos porcentajes subrayan que la edad, la precariedad y, de manera especialmente alarmante, la identidad de género, son interseccionalidades que aumentan la exposición al odio.
Los espacios cotidianos tampoco resultan seguros para el colectivo. Según el informe, más de una cuarta parte de las situaciones de acoso (26,72 %) y un tercio de las agresiones físicas (35,28 %) ocurren en la calle. Por su parte, los centros de enseñanza concentran el 16,79 % de los casos de acoso y el 16,92 % de las agresiones, y el ámbito familiar representa el 12,98 % de las situaciones acoso y el 9,41 % de las discriminaciones, mientras que el centro de trabajo aparece en el 11,45 % de las situaciones de acoso y el 8,46 % de las agresiones. Las redes sociales y los lugares de ocio también figuran como focos constantes de violencia.
Un hallazgo novedoso de este informe es la influencia del tamaño del hábitat. En este sentido, María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación, ha asegurado que “los datos apuntan a que en los municipios de menos de 10.000 habitantes el acoso alcanza el 26,39 % y las agresiones físicas o verbales el 20,83 %, cifras muy superiores a las de las zonas urbanas. Por el contrario, la discriminación es algo más frecuente en poblaciones mayores de 10.000 habitantes (29,12 % frente al 22,22 %)”.
La infradenuncia y la desconfianza institucional persisten
A pesar de la crudeza de estos datos, la infradenuncia sigue siendo elevada: el 46,09 % de las víctimas no acude a las autoridades. Solo el 26,82 % formaliza la denuncia y un 27,09 % recurre a entidades LGTBI+. Entre los motivos para no denunciar destacan la idea de que “no servirá de nada”, la “falta de pruebas” y el temor a no ser creído. Además, un 33,33 % de quienes denuncian confiesa que el proceso les resultó tan traumático como el propio incidente, declarando que “me lo hicieron pasar mal”.
La percepción de la LGTBIfobia también se agudiza. El 27,13 % de las personas LGTBI+ considera que la discriminación ha empeorado respecto a 2024; el 31 % opina lo mismo de la violencia física; y el 31,25 % señala un aumento de los discursos de odio. Esta sensación de retroceso se ve reflejada también en la confianza en las instituciones, donde la valoración de la implicación “mucho o bastante” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cae del 31,88 % al 25,45 % entre quienes han sufrido agresiones físicas o verbales.
“Estos datos no solo retratan una realidad insoportable, también señalan con claridad lo que está fallando. Sin recursos, sin formación obligatoria en derechos humanos y sin una legislación que se posicione contra los discursos de odio, seguiremos sumando víctimas. Es hora de dejar de mirar para otro lado”, ha advertido Iglesias.
Una hoja de ruta urgente contra el odio
El estudio concluye con una serie de recomendaciones urgentes, entre las cuales destacan la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables, garantizar la implementación efectiva de las leyes LGTBI+ y Trans, proporcionar un acompañamiento integral a las víctimas, fomentar la educación en diversidad en las aulas y sancionar con firmeza los discursos que deshumanizan y estigmatizan al colectivo en los medios y redes sociales.
“Este informe es una radiografía de la impunidad con la que hoy se puede agredir a una persona LGTBI+, pero también es una hoja de ruta para prevenir y revertir esta situación”, ha concluido Iglesias.
Odio Diario: las palabras tienen consecuencias
Junto al informe, la Federación ha presentado una edición especial de Odio Diario, una campaña que busca sensibilizar a la sociedad y evidenciar las consecuencias de los discursos de odio contra el colectivo LGTBI+ en el espacio público.
La publicación, en formato de periódico, recopila noticias reales del último año sobre discursos de odio y manifestaciones lgtbifóbicas, ilustrando con claridad la conexión directa entre el discurso y la violencia que sufren las personas LGTBI+ en su vida cotidiana.
Esta edición incluye, además, un especial con motivo del 20º aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España, subrayando que, dos décadas después, los discursos de odio no han desaparecido, y, además, ahora cuentan con nuevos altavoces.
“El objetivo es claro: mostrar que los discursos de odio no son opiniones inocuas, sino la antesala de la violencia”, ha afirmado William Gil D’Avolio, director ejecutivo de la Federación. En este sentido, ha asegurado que “por eso, necesitamos políticas valientes que apuesten por el respeto a la diversidad y frenen el odio en todas sus formas, antes de que se traduzca en agresiones”.
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