- El Consell también valida el anteproyecto de Ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y una ampliación del encargo del sellado del vertedero de Basseta Blanca
- Aprueba las ayudas para recuperar el posicionamiento comercial en la cadena de suministros de alimentos y viabilidad económica de empresas agroalimentarias afectadas por la dana
- Destaca como «ejemplo de la colaboración de la Generalitat frente a la deslealtad institucional del Gobierno central» el convenio tipo para ayudar a los ayuntamientos afectados por la dana en la ejecución de obras de reconstrucción
La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha destacado que el Consell “avanza en su compromiso social y ha aprobado hoy en el Pleno la gestión integral de cuatro residencias públicas de mayores ubicadas en Paterna, Benetússer, Benejúzar y Orihuela por un importe de 35.272.014,56 euros”.
La vicepresidenta primera, durante la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en las sesiones ordinaria y extraordinaria del Pleno del Consell, ha explicado que los cuatro contratos, con una duración inicial de tres años, podrán ser prorrogados hasta un máximo de dos años adicionales, alcanzando un valor estimado de hasta 56.504.993,12 euros.
La consellera de Servicios Sociales ha indicado que se trata de unas de las licitaciones más complejas, y que irán seguidas de las licitaciones del resto de residencias con la aprobación de los nuevos Presupuestos de la Generalitat.
Camarero ha añadido que “de este modo se cumple con el mandato de garantizar cuidados dignos, proteger a quienes más lo necesitan, dignificar el trabajo de quienes los atienden, y es un compromiso firme del Gobierno valenciano con la calidad del sistema público de cuidados y de todas las personas que forman parte de él, lo que supone avanzar hacia un sistema residencial más humano y profesionalizado”.
A este respecto, ha resaltado que los nuevos contratos ponen fin a una situación de caducidad, en algunos casos desde 2019, y buscan una mejora del servicio y de las condiciones de los profesionales, para lo que la licitación recoge incrementos del presupuesto de entre el 42 % y el 62 % por residencia, lo que supone un aumento del precio por día y plaza de más del 55% de media.
Estos pliegos reúnen unas mejoras técnicas con el objetivo de implantar un modelo más social de atención centrada en la persona. Además, contemplan la inclusión de nuevos protocolos para situaciones de emergencia sanitaria y cursos de formación que van a redundar en una mejor asistencia a los usuarios.
Renta Valenciana de Inclusión: «ascensor social para personas vulnerables»
En el ámbito de los servicios sociales, el Consell también ha validado el anteproyecto de Ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), con el fin de adaptar la legislación vigente a las realidades sociales actuales, con un enfoque centrado en la dignidad, la inclusión activa y la equidad.
Sobre ello, Susana Camarero ha indicado que con esta nueva norma “se busca fomentar la empleabilidad y la integración social de los colectivos vulnerables, garantizar una mayor eficiencia en la gestión de las ayudas, reduciendo tiempos de espera y burocracia y también reforzar la red de servicios sociales municipales como pilar básico del sistema de inclusión social”. “De este modo -ha continuado- la RVI pasa de ser una norma asistencial a un verdadero ascensor social para las personas más vulnerables”.
Entre las principales novedades, se encuentran la simplificación normativa y de acceso a la prestación, que facilitará que más personas puedan beneficiarse de la RVI; la revalorización del papel de los profesionales de los Servicios Sociales municipales; el refuerzo de los itinerarios de inclusión social; la compatibilidad de la prestación de RVI con los rendimientos de trabajo, así como el apoyo a familias y a los colectivos más vulnerables. El anteproyecto continúa su tramitación en el Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana y el Comité Económico y Social.
Sesión extraordinaria
En la sesión extraordinaria, el Consell ha aprobado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras y la concesión directa de ayudas urgentes para recuperar el posicionamiento comercial en la cadena de suministros de alimentos y viabilidad económica de empresas agroalimentarias afectadas por la dana.
A este respecto, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado que el decreto aprobado por el Pleno que destina 10 millones de euros a ayudas urgentes para revitalizar la viabilidad económica y el posicionamiento comercial de las empresas agroalimentarias y las cooperativas afectadas por la dana del 29 de octubre. “Con esta línea de ayudas queremos restablecer cuanto antes la cadena de suministro de alimentos y garantizar que las empresas dañadas puedan volver a competir en el mercado con plena normalidad”, ha declarado Barrachina, quien ha subrayado la urgencia de actuar tras las graves inundaciones que afectaron tanto a instalaciones como a explotaciones agrícolas y ganaderas.
Las subvenciones cubrirán la reparación de daños materiales —desde bodegas y almazaras hasta centrales hortofrutícolas y molinos arroceros— y podrán alcanzar los 250.000 euros por beneficiario, con un importe mínimo de 2.000 euros para garantizar un apoyo significativo a todas las empresas. Al respecto, el conseller ha explicado que se han articulado dos modalidades de ayuda para adaptar la subvención al tamaño de cada empresa y maximizar el impacto de los fondos públicos, “poniendo especial énfasis en la recuperación de las zonas más golpeadas, donde se contabilizan más de 50.000 hectáreas anegadas”.
Asimismo, el Consell ha aprobado un convenio tipo de encomienda de gestión entre la Generalitat y diferentes ayuntamientos afectados por la dana, para colaborar en la realización de actividades de carácter material, técnicas o de gestión en la realización de obras de reparación, restitución o reconstrucción.
En este sentido, Susana Camarero ha explicado que “la finalidad de esta medida es ayudar a los ayuntamientos en la elaboración y ejecución de los fondos que el Gobierno central les ha transferido directamente para proyectos y obras de reconstrucción de sus infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal, y que se vieron afectadas por la dana”.
Para la portavoz del Consell, “este acuerdo es la demostración de la voluntad de colaboración de la Generalitat poniendo en marcha un convenio tipo de encomienda de gestión a disposición de los ayuntamientos que no disponen de los medios técnicos ni de los recursos necesarios para atender la envergadura de las acciones que requiere la reconstrucción”. “La deslealtad institucional del Gobierno con la Generalitat, hace que no nos ofrezca dinero a fondo perdido para las actuaciones por la dana, pero para el Gobierno valenciano lo prioritario es la reconstrucción y vamos a seguir estando al lado de los ayuntamientos y los ciudadanos”, ha aseverado.