La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes 20 de mayo una controvertida legislación que redefine de forma drástica el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. Se trata de la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que, al estilo de la ley homónima vigente en Rusia, impone un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales y crea un sistema de registro, autorizaciones previas, multas e incluso posibilidad de clausura, todo bajo discrecionalidad del Ejecutivo.
Impulsada directamente por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas (NI), la ley fue aprobada por 57 de los 60 diputados del Congreso, sin ningún voto de la oposición. La norma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el diario oficial.
Conformada por 25 artículos, la ley establece que las ONG no podrán recibir ni utilizar donaciones extranjeras para actividades que no hayan sido declaradas previamente ante el Estado, ni cambiar el destino de los fondos sin aviso. Además, prohíbe la recepción de recursos de fuentes anónimas y prevé sanciones económicas que van desde los 10.000 hasta los 200.000 dólares.
Uno de los aspectos más alarmantes para organismos internacionales es que el artículo 20 de la ley habilita al presidente a definir los alcances e interpretaciones de la norma a través de reglamentos propios:
“El presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias”, señala el texto.
En términos fiscales, la medida impone un tributo del 30 % sobre las “transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandato extranjero”. Esto afectará directamente a organizaciones que dependen de cooperación internacional para llevar adelante proyectos sociales, educativos o humanitarios.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, expresó su rechazo frontal a la ley y advirtió sobre sus supuestas implicancias autoritarias:
“Es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico”, sostuvo. “Quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quién se le impondrá el impuesto y a quién no. Atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”.
La organización Human Rights Watch (HRW) también manifestó su preocupación y vinculó la normativa salvadoreña con antecedentes en regímenes con baja calidad democrática.
“Hemos documentado cómo leyes similares en países como Rusia y Nicaragua se han utilizado para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes”, indicó el organismo en un comunicado.
“Estas leyes etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento internacional, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”.
La actual versión de la ley recuerda a un intento previo del Gobierno de Bukele en 2021, que contemplaba un impuesto del 40%, aunque finalmente fue archivado. Ahora, con una mayoría legislativa consolidada, el Ejecutivo logró avanzar sin obstáculos. Desde el oficialismo, sin embargo, se justifica la normativa como una medida de transparencia, soberanía financiera y protección ante posibles injerencias externas.