El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto por el que se constituye el Sistema Interno de Información de la Junta de Andalucía y se regula su organización y funcionamiento, una norma clave para avanzar en la prevención de prácticas irregulares y en la protección efectiva de las personas que informen sobre infracciones normativas o hechos de corrupción.
De esta forma, la Administración andaluza hace una apuesta decidida por la transparencia, el buen gobierno, y la mejora de la calidad en su gestión interna. La constitución de un canal interno, que ya funciona desde junio de 2023, supone una medida esencial dentro del proceso de avance, pues permite la colaboración del personal público que pueda tener conocimiento de hechos irregulares. Estos, además, gozarán de garantías de protección y confidencialidad. Además, este sistema favorece las buenas prácticas y la corrección de aquellas que pudieran ser irregulares.
Impulsado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, esta nueva norma se enmarca en el cumplimiento de la Ley estatal 2/2023, de 20 de febrero, que a su vez deriva de la normativa europea sobre protección de los denunciantes y sustituye la regulación provisional anterior establecida mediante la Instrucción 1/2023, que permitió la puesta en marcha de este canal interno de denuncias hace dos años. Además, se alinea con la Ley andaluza 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción que dio origen al nacimiento de la Oficina Antifraude.
Este decreto establece y regula este canal interno confidencial y seguro para comunicar posibles infracciones dentro de la Administración andaluza. Garante de la confidencialidad, la protección de la identidad y los datos personales permite que los denunciantes puedan realizar la comunicación tanto de forma identificada como anónima a través de diversos medios: buzón electrónico, correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica o mensajería de voz.
El texto aprobado hoy configura un modelo organizativo que se sustenta en la figura de un Responsable del Sistema, que a su vez dispondrá de personas interlocutoras en cada consejería y delegación, para facilitar la colaboración en las investigaciones. Igualmente, se crea un órgano de asistencia técnica, de carácter colegiado, con funciones de asesoramiento, seguimiento y mejora continua del sistema.
Asimismo, el decreto viene a regular todas las fases del procedimiento: desde la recepción y admisión de las comunicaciones, pasando por la instrucción e investigación interna, hasta su conclusión mediante informe final. Además, recoge medidas de protección tanto para los informantes como para las personas afectadas, con plenas garantías legales.
La apuesta decidida por la formación del personal público es otra de las claves del texto, que se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). También se establece la publicación de una memoria anual con datos agregados y anónimos, que será publicada en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. El decreto dedica uno de sus ocho capítulos al régimen sancionador en caso de incumplimientos, conforme a la Ley 2/2023.
Por último, se establece el plazo para que las entidades instrumentales constituyan sus propios sistemas de información y señala que con menos de 50 trabajadores éstas podrán adherirse al sistema general mediante convenio, siempre con la necesaria adecuación al existente en la Junta.
Con esta norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el buen gobierno, la ética pública y la lucha efectiva contra la corrupción, dotándose de un instrumento moderno, eficaz y alineado con los estándares europeos de integridad institucional.