La XXII Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se ha celebrado los días 14 y 15 de mayo en Santo Domingo (República Dominicana, ha finalizado con el compromiso de los Poderes Judiciales miembros de adoptar u una serie de recomendaciones y acciones que contribuyan a su fortalecimiento y promover una Justicia centrada en las personas.
Entre esas acciones se encuentran: incorporar los Productos Axiológicos en la Planificación Estratégica, actualizar el Mapa Judicial Iberoamericano, Innovar y Digitalizar, Atender el impacto de la Inteligencia Artificial, Fomentar la Cooperación Solidaria, Promover la Educación y Capacitación Judicial, Garantizar la Igualdad de Género y Promover la protección de los derechos ambientales.
A través de la Declaración de Santo Domingo se hace una invitación a los Poderes Judiciales de Iberoamérica a adoptar estos principios y compromisos, integrando los productos axiológicos en sus procesos de planificación y administración, garantizando su implementación efectiva para fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas.
Asimismo, establece que al unir esfuerzos y trabajar con una metodología orientada a resultados, será consolidada una justicia iberoamericana que sea modelo de transparencia, excelencia y respeto de los derechos humanos.
La Declaración de Santo Domingo también supone un llamamiento a continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho en un tiempo donde instituciones y derechos deben hacer frente a cuestionamientos múltiples que ponen en riesgo estas conquistas.
“Es también una promesa de que los Poderes Judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, señala el texto, firmado por los presidentes y presidentas de Supremas Cortes de Justicia y de Consejos de la Judicatura de Iberoamérica.
Los países firmantes creen en la fuerza de la Justicia como herramienta de cambio social y ambiental, como espacio de reconciliación y como motor de una convivencia sostenible y duradera.
Además, se comprometen a trabajar con ética y visión para consolidar poderes judiciales modelo, que sean faro de esperanza, confianza, excelencia y garantía de derechos para las generaciones presentes y futuras.
La Declaración de Santo Domingo ha sido firmada por los representantes de los Poderes Judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay, República Dominicana y Venezuela.