Exigimos el fin de la suspensión permanente de los derechos humanos bajo la política de «estado de excepción» en El Salvador.
CCOO exigimos la liberación inmediata del abogado ALEJANDRO HENRÍQUEZ, miembro de ReverdES y del Foro del Agua El Salvador y asesor jurídico de la Cooperativa El Bosque, y de JOSÉ ÁNGEL PÉREZ, pastor de la Iglesia Elim y presidente de la Cooperativa El Bosque, quienes fueran detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional Civil de El Salvador el 12 y 13 de mayo de 2025.
Condenamos enérgicamente el uso de las fuerzas de seguridad para reprimir y violentar a las familias de la comunidad El Bosque, quienes ejercen su legítimo derecho a la manifestación pacífica frente al desalojo de 300 familias programado para el próximo 22 de mayo. Tras la entrega de una carta en la residencia del presidente Nayib Bukele, el 9 de mayo, pidiéndole que mediara en su favor, miembros de la comunidad instalaron una vigilia pacifica en una calle cercana para esperar respuesta a su petición.
Durante un operativo para dispersar a la comunidad que se encontraba en vigilia pacífica la noche del 12 de mayo, elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Militar utilizaron tácticas violentas y detuvieron a Ángel Pérez, presidente de la cooperativa. El abogado Alejandro Henríquez, quien ha estado asesorando jurídicamente a las familias afectadas y mediando entre los dirigentes de la cooperativa y la policía, fue arrestado la mañana siguiente en su lugar de trabajo.
El uso de la Policía Militar para reprimir a la población civil es grave, ya que no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana. Su intervención, bajo un Régimen de Excepción concebido supuestamente para enfrentar al crimen organizado, constituye un desvío de funciones y una militarización de la seguridad pública.
Estos hechos ocurren en el contexto de una serie de arrestos sistemáticos contra personas defensoras del territorio. Un ejemplo emblemático es el caso de los líderes de la comunidad La Floresta, quienes se organizaban para resistir el desalojo de sus viviendas. A esto se suma la persecución de los abogados que les brindaban acompañamiento jurídico, así como la detención del defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien acompañaba a la comunidad en su proceso de resistencia.
Es sumamente preocupante que la represión, intimidación y criminalización de líderes comunitarios que se organizan pacíficamente para defender sus comunidades en contra de procesos violentos de desalojo se ha vuelto una práctica común en El Salvador. También es alarmante la persecución agresiva de abogados y defensores de derechos humanos que dan asesoría legal y acompañamiento a las comunidades que enfrentan procesos de desalojo.
Por lo tanto, hacemos eco de las demandas del movimiento social en El Salvador, exigiendo:
La liberación inmediata de Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, hacemos responsable al Gobierno de El Salvador de cualquier daño a su integridad física y psicológica.
La suspensión inmediata de la orden de desalojo de los miembros de la Cooperativa Agrícola El Bosque, y que se inicie una revisión del proceso legal que condujo a su desalojo.
Cese la ola de expropiaciones que actualmente enfrentan las cooperativas que fueron beneficiarias de la Reforma Agraria de 1980.
Exigimos el fin de la suspensión permanente de los derechos humanos bajo la política de «estado de excepción», y el fin de la criminalización de los defensores de la tierra y el agua.#LibertadParaAlejandro
#LibertadParaLosLíderesDelBosque