El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe anual sobre el grado de ejecución de los créditos del Presupuesto de la Junta de Andalucía con incidencia en el cambio climático correspondiente a 2023, que ha reportado un gasto total de 1.176.600.609,53 euros, que representa el 12,62% de las obligaciones reconocidas de esos programas presupuestarios y un esfuerzo equivalente al 2,62% del total de obligaciones reconocidas netas del resultado presupuestario consolidado del año.
Este esfuerzo no se reparte de forma homogénea entre todas las áreas. Las políticas de mayor peso relativo en esta materia fueron aquellas vinculadas al agua y el litoral, con más del 91% de sus obligaciones reconocidas con impacto climático. Le siguieron las infraestructuras del transporte (77,73%); la dinamización económica e industrial, que incluye la política energética (61,65%); y el desarrollo sostenible (59,30%).
Este informe, elaborado en cumplimiento de la Ley andaluza de medidas frente al cambio climático, da continuidad al proceso de integración de la perspectiva climática en las cuentas públicas autonómicas. En él se analiza el grado de ejecución del presupuesto desde el prisma de su impacto climático, tomando como marco de referencia las estrategias definidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), aprobado en 2021, y aplicando una metodología plenamente alineada con los estándares europeos en materia de presupuestación verde o ‘Green Budgeting’.
La Junta de Andalucía entiende que el cambio climático no es una amenaza lejana ni exclusiva de otros territorios, sino que su impacto es tangible en los ecosistemas, la salud, la economía y el bienestar social de Andalucía. Por ello, ha asumido el reto de abordarlo desde una perspectiva integral, situándolo como eje transversal de sus políticas públicas y planificación presupuestaria. Así lo establece también el artículo 204 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que insta a los poderes públicos a promover estrategias activas frente al cambio climático. Este compromiso se traduce, por un lado, en actuaciones específicas en materia medioambiental y, por otro, en la progresiva incorporación del análisis climático en todas las fases del ciclo presupuestario.
El informe se ha elaborado siguiendo una metodología rigurosa que responde a las exigencias del Marco de Referencia de Presupuesto Verde de la Unión Europea y al Reglamento de Taxonomía para inversiones sostenibles. Este enfoque permite identificar con precisión en qué medida los distintos indicadores y actuaciones presupuestarias contribuyen a los objetivos de mitigación de emisiones y transición energética, adaptación al cambio climático, o participación y comunicación, enfocado principalmente a la sensibilización social para la mitigación de los efectos del clima.
El análisis parte de la clasificación de los programas presupuestarios en cuatro grandes bloques, según su nivel de implicación climática: los programas C+ (con competencia directa en acción climática), los programas C (con incidencia indirecta), los C1 (con actuaciones puntuales) y los C0 (sin incidencia climática). Esta categorización contribuye a mejorar la coherencia de los datos y evitar una posible sobreestimación del gasto climático. Así, cada indicador presupuestario es evaluado en función de su grado de contribución: directa si persigue de forma explícita objetivos climáticos; o indirecta, si bien no siendo su propósito principal, apoya su consecución. Este análisis detallado permite conocer el esfuerzo realizado y orientar mejoras futuras en la planificación y ejecución de los presupuestos.
Desde 2019, la Junta de Andalucía ha hecho de la presupuestación verde una herramienta clave para alinear la acción pública con los objetivos del PAAC. Esta herramienta, que va más allá del mero análisis económico, permite medir el impacto de las decisiones presupuestarias sobre el medio ambiente y el clima, con el objetivo de avanzar hacia una economía más baja en carbono y resiliente. Gracias a este trabajo continuado, se ha producido un avance notable en la calidad y profundidad del análisis. Uno de los indicadores de este progreso es el incremento sostenido del número de indicadores presupuestarios evaluados por su incidencia climática, que han pasado de 63 en 2019 a 199 en el año 2025, mostrando así una tendencia consolidada hacia una mayor sensibilidad climática en la planificación pública.
El informe también refuerza el compromiso de transparencia del Gobierno andaluz. Así, ha sido publicado en el Portal Ambiental de Andalucía, donde puede ser consultado por la ciudadanía. Este acceso abierto permite que tanto la sociedad civil como los agentes económicos y sociales conozcan en detalle los esfuerzos realizados y participen de forma informada en el seguimiento de las políticas en materia de cambio climático.
El esfuerzo presupuestario de 2023 es el reflejo de una estrategia sostenida en el tiempo. La integración de la perspectiva climática en la toma de decisiones financieras seguirá avanzando en los próximos años, de la mano de los marcos normativos nacionales y europeos y del compromiso del Gobierno andaluz con la sostenibilidad. La mejora continua del sistema de análisis, la ampliación del número de indicadores y programas evaluados, así como la consolidación de una cultura administrativa orientada al clima son algunas de las líneas de trabajo abiertas para garantizar que lo invertido por la Junta de Andalucía se mida también en términos de impacto climático.