La ruta migratoria a través de Canarias es una de las más peligrosas para llegar a la Unión Europea, pero una de las más utilizadas ante la falta de alternativas. En el último año, se ha registrado un considerable aumento de llegadas de personas menores de edad.
Niñas, niños y adolescentes no acompañados son sujetos de una especial protección dada su condición de personas menores de edad en situación de desamparo. En este contexto excepcional, la concesión directa de 50 millones se hace necesaria para garantizar su adecuada atención en centros residenciales gestionados por Canarias, facilitando reformas que propicien unas condiciones garantistas de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Atención psicosocial, inserción y alojamiento
Estos recursos también estarán destinados a la atención psicosocial o jurídica que puedan precisar los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como a facilitar su inserción sociolaboral y acceso a la vivienda una vez salgan del sistema de protección.
Los recursos orientados a Canarias estarán destinados a diversos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2025. La comunidad autónoma es el organismo competente en materia de gestión de los sistemas de protección de la infancia y, por lo tanto, asume la tutela de las personas menores de edad no acompañadas.