La Comunidad Autónoma de Andalucía volvió durante 2024 a aumentar los niveles de litigiosidad, con el ingreso de un 5% más de asuntos que en 2023. Los tribunales andaluces ingresaron 1.434.551 asuntos frente a los 1.372.072 del pasado año, lo que revela que ha subido el nivel total de litigiosidad, aumentando en los órdenes jurisdiccionales social y civil.
Andalucía vuelve a estar en los niveles altos de litigiosidad de España. Aunque este 2024 sigue por encima de la media nacional, no es tan elevada como el año anterior, porque ha aumentado en el conjunto del Estado. Así, presenta una tasa de litigiosidad superior en casi un 2% a la media estatal: si en el conjunto del Estado ha sido de 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2024, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 163 (frente a los 156,8 asuntos del año anterior).
Aumentan los asuntos ingresados
Durante 2024 subieron los asuntos ingresados en las jurisdicciones social y civil. La jurisdicción civil ingresa un 8% más, siguiendo la tendencia al alza desde el incremento de 2017. La jurisdicción social ingresa un 16% más de asuntos, mientras que en la jurisdicción penal los asuntos ingresados disminuyeron un 3%. La jurisdicción contenciosa también bajó el número de asuntos ingresados, un 20%.
Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 50% del total, el porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 41% del total, la jurisdicción social representa un 7% del total y, en fin, la jurisdicción contencioso-administrativa supone un 2% del total de asuntos ingresados.
La Memoria indica que se sigue con idéntica tendencia de años anteriores: gran judicialización de los conflictos entre la ciudadanía, sobreutilización del proceso y sobrecarga innecesaria en los Juzgados. Por lo que “es necesario cumplir con el mandato constitucional de una justicia en plazos razonables y esperamos que den sus frutos las medidas a implantar durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que es imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional”.
Cifra récord de asuntos pendientes
Aunque durante 2024 los órganos judiciales resolvieron 1.340.223 asuntos (un 5% más que el año anterior), quedan pendientes al final del año un total de 862.511 asuntos. La tasa de resolución ha sido del 0,93, cifra que indica laboriosidad con carácter general, si bien los órganos judiciales resuelven menos de la totalidad de los asuntos ingresados anualmente. Esto supone que la pendencia aumentó un 13,8% respecto a los asuntos que quedaron en trámite a final de 2023.
En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 67%, esto es de la cifra de 514.636 a final de 2014 se ha pasado a 862.511 en este año, un atasco sumamente llamativo y preocupante. Por ello, cada anualidad comentamos la problemática que presenta esta tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales.
En este sentido, vuelve a incidir en que “es imposible acabar con la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y defectuoso sistema organizativo”. Por ello, “no podemos caminar desde el puro voluntarismo ni apelar siempre a la responsabilidad personal”.
“Es forzoso reiterar, como se ha venido explicitando en todas las memorias anuales desde 2010, la necesidad de impulsar y completar en su totalidad las reformas y actuaciones legislativas y prestacionales que culminen con la modernización de la justicia y de las leyes procesales. Esperamos, por ello, conseguir en un plazo razonable: la plena eficiencia organizativa de este servicio público, la ansiada transformación tecnológica (incrementando la cohesión y coordinación territorial), la imprescindible reforma y cambio radical del proceso penal”, indica.
La Memoria del TSJA especifica que, junto a esa «modernización» de la estructura organizativa, es imprescindible un significativo aumento del número de plazas judiciales, dado el desbordante incremento de la litigiosidad que venimos padeciendo desde hace demasiado tiempo. Esperemos que la ocasión que ahora presenta la constitución de los Tribunales de instancia sea aprovechada para ello y no se malogre, máxime cuando en la anualidad de 2024 el Ministerio de Justicia no ha creado ninguna plaza judicial nueva”.
Justicia lenta y poco eficiente
Una valoración final, indica el documento, “nos conduce a unas conclusiones negativas y similares a las Memorias de los últimos años, máxime a la vista los datos estadísticos de 2024: la justicia andaluza sigue en cifras sumamente llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente”.
La Memoria recuerda que en este último año se han dado pasos importantes desde la Administración autonómica hacia la definitiva consolidación de la modernización tecnológica, aunque todavía queda un importante camino por recorrer.
También en el ámbito estatal, aunque de modo efectivo al inicio de este año 2025, se ha publicado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece una amplia gama de reformas organizativas y procesales, al tiempo que introduce mecanismos para la resolución de controversias en vía no jurisdiccional.
Una adecuada estructura organizativa capaz de generar un plus de eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial, de forma que los partidos judiciales funcionen de modo colegiado, superando definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, que impide o dificulta enormemente compartir recursos e información, al tiempo que permitiría reducir costes, duplicidades y tiempo es la apuesta que efectúa la referida Ley Orgánica 1/2025.
“Lo celebramos, pero echamos de menos una apuesta decidida por la agrupación de partidos judiciales. En el actual contexto socio-económico de nuestra sociedad, con la facilidad de comunicaciones tanto para el desplazamiento físico como para la interacción vía telemática, no parece concebible mantener la actual dispersión y pluralidad organizativa, manteniendo tribunales de instancia en todos los partidos judiciales existentes, cuando es evidente el beneficio que para el sistema de justicia supondría la agrupación de determinados partidos judiciales”.
Como conclusión, el documento aprobado por el Pleno de la Sala de Gobierno del TSJA concluye que el año 2024 puede marcar el final de una etapa en nuestra Administración de Justicia caracterizada por la ausencia de las reformas y recursos imprescindibles, en un entorno de ausencia también de consenso político, todo ello imprescindible para adaptarse a la realidad de los tiempos y ser capaces de dar respuesta ágil y eficiente a la demanda social de tutela judicial efectiva.
“Los avances en el desarrollo de los medios tecnológicos en nuestra Comunidad y la ocasión que brindan las reformas legislativas ya operadas, junto a la eternamente esperada reforma procesal penal, pueden abrir un horizonte de esperanza de que el año 2025 suponga el inicio de la necesaria salida del túnel en que todavía nos hallamos”, concluye.