La jefa de la Delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del grupo EPP, Dolors Montserrat, presenta este martes ante la Comisión Europea una batería de preguntas en las que reclama una investigación exhaustiva e independiente sobre el apagón eléctrico que dejó sin suministro a gran parte de España, así como a zonas de Francia y Portugal, el pasado 28 de abril. En este sentido, Montserrat subraya la necesidad de que dicha investigación sea llevada a cabo por expertos independientes de contrastada y dilatada trayectoria que no estén bajo la influencia de empresas con intereses en el mercado. El incidente, calificado como el más grave de las últimas décadas, ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad del sistema eléctrico español, la falta de interconexiones con Europa y la planificación energética por parte de Red Eléctrica.
Tal y como anunció el presidente Alberto Núñez Feijóo, la Comisión deberá informar sobre si ha recibido información oficial del Gobierno de España sobre las causas del apagón, y si considera que el Ejecutivo ha actuado con la debida transparencia y cooperación según lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/941 sobre preparación frente a riesgos en el sector eléctrico. Además, reclama una investigación formal para esclarecer si existieron fallos en la gestión o coordinación que agravaron la crisis energética.
“El apagón ha sido un golpe brutal a la seguridad energética de España y de Europa. Doce horas sin luz en pleno siglo XXI, afectando a infraestructuras críticas, no puede quedar sin una explicación clara ni sin asunción de responsabilidades”, destacó Montserrat.
Es urgente, dijo “saber por qué colapsó el sistema eléctrico ni qué medidas se han adoptado para evitar que vuelva a ocurrir, pero todo lo que sí sabemos es que el dogmatismo ideológico del Gobierno en política energética le ha llevado a demonizar la energía nuclear mientras abandonaba la seguridad de suministro”.
El Reglamento europeo establece que cada Estado miembro debe evaluar todos los riesgos relativos a la seguridad del suministro eléctrico, así como elaborar planes que incluyan medidas nacionales, regionales y, en su caso, bilaterales para prevenir y gestionar crisis eléctricas. Estos planes deben ser transparentes, proporcionados y no discriminatorios. Además, el Reglamento establece procedimientos para la alerta temprana y la declaración de crisis, así como para la cooperación y asistencia entre Estados miembros durante una crisis eléctrica.
Una segunda pregunta presentada pone el foco en el operador nacional del sistema, Redeia, y los posibles errores de planificación o/y de respuesta operativa. El PP recuerda que la actual presidenta de la compañía, Beatriz Corredor —exministra de Vivienda del Gobierno socialista— aseguró en 2021 que «no había ningún riesgo de apagón» en España. A la luz de los hechos recientes, pregunta si la Comisión Europea considera necesario revisar los mecanismos de supervisión sobre los operadores nacionales para evitar que se repitan incidentes similares.
Nucleares, la solución
También plantea si el cierre progresivo de centrales nucleares previsto por el Gobierno de Pedro Sánchez debería ser revisado para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en el nuevo mix energético. “Las nucleares no son el problema: son parte de la solución, especialmente en un sistema que aún no está preparado para operar con respaldo exclusivamente renovable.», indicó Montserrat. “Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de seguridad, de responsabilidad pública y de respeto a los ciudadanos que se han visto afectados”, agregó.
La tercera pregunta subraya los riesgos estructurales derivados de la baja interconexión eléctrica de España con el resto de Europa, una debilidad reconocida desde hace años y que no ha sido corregida. La pregunta señala que España sigue lejos del objetivo del 15 % previsto para 2030. Reclama a la Comisión medidas urgentes para acelerar los proyectos de interconexión, especialmente tras los retrasos en obras clave como las líneas transpirenaicas pospuestas hasta 2035. Advierte que el aislamiento eléctrico peninsular no solo pone en peligro la seguridad del suministro, sino también la integración del mercado energético europeo en un contexto de transición ecológica. Las preguntas parlamentarias exigen respuesta escrita por parte de la Comisión Europea, que deberá pronunciarse en las próximas semanas sobre los puntos planteados.