La decisión del Consejo de Derechos Humanos al adoptar una resolución sentando las bases para una futura Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores solo puede ser tildada de histórica.

El 3 de abril de 2025 la comunidad internacional fue testigo de un hito que quedará inscrito en las páginas de la defensa de los derechos de las personas mayores: los Estados miembros de Naciones Unidas, reunidos en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, adoptaron por consenso una resolución que da inicio formal a la redacción de una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este paso, largamente esperado tras más de dos décadas de debates y 14 años de reuniones preparatorias, representa un avance trascendental en la protección y el reconocimiento igualitario de los derechos de este creciente colectivo a nivel mundial.

La creación de un nuevo grupo de trabajo intergubernamental encargado de la redacción de la futura Convención supone la culminación de muchos esfuerzos que a escala global se han realizado por parte de autoridades, administraciones y organizaciones de la sociedad civil, que juntos abogaron por suplir un vacío en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas mayores a escala internacional.

A lo largo de los últimos años, desde la Unión europea se han multiplicado las voces de apoyo a dicha Convención como marco de garantías para el respeto de una población creciente a escala mundial. Uno de los ejemplos más tangibles de dicho apoyo fue la adopción, en julio de 2023, del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre Una estrategia europea para las personas mayores. Si bien el objeto del Dictamen se centró en la necesidad de establecer una Estrategia de política europea para no solo para el reconocimiento de las personas mayores, sino también de los beneficios sociales y económicos de su participación activa, también incluyó un claro llamamiento al desarrollo de la nueva Convención.

¿Por qué una Convención?

Como se insiste desde AGE Platform Europe, que aglutina a las Organizaciones de Mayores de los 27 Estados miembros, la futura Convención será el primer tratado jurídicamente vinculante que establezca reglas y estándares para proteger los derechos humanos de las personas mayores como colectivo específico.

Por ello, la Convención cerrará las brechas de protección al obligar a los Estados de todo el mundo a adoptar medidas concretas en pro de las garantías de derechos, prohibiendo de forma explícita la discriminación en base a la edad, promoverá la dignidad y la autonomía de nuestros mayores, establecerá mecanismos para la participación de éstos en la toma de decisiones y seguirá fomentando una sociedad justa para todas las generaciones.

Un antecedente prometedor

Desde los inicios de la andadura que alcanza un nuevo hito con esta resolución, desde la sociedad civil se utilizó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como guía y modelo a seguir. Como resultado de un proceso iniciado en Madrid en 2002, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) entró en vigor en 2008, dando nacimiento a toda una serie de medidas y estrategias que, a día de hoy, resultan claves para la garantía y el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, a su inclusión y a su participación activa a nivel global.

Impacto esperado y desafíos

Como la CDPD lo fue para las personas con discapacidad, la futura Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores tendrá un impacto profundo y duradero en la vida de este colectivo y de la sociedad en su conjunto.

Por ello es esencial dotarla de objetivos claros y específicos a los desafíos a los que, fruto de una demografía cambiante, hacen frente las personas mayores. Entre otros, la nueva Convención deberá centrarse en erradicar el edadismo y la discriminación con base en la edad; deberá garantizar el acceso a todos los servicios (digitales o no), con especial atención al acceso a la justicia y mecanismos de reparación ante vulneraciones de derechos.

La Convención ha de ser en nuevo estandarte para la promoción del respeto a la dignidad inherente de las personas mayores, y por ello servir de marco conceptual, legal y de rendición de cuentas para la formulación de políticas públicas basadas en derechos humanos, superando el enfoque meramente asistencialista.

Una nueva Convención ratificada a escala internacional proporcionará mayor claridad normativa y una guía concreta para que los Estados adapten sus legislaciones y políticas, asegurando la protección efectiva de los derechos de las personas mayores en todos los ámbitos: salud, participación social, autonomía, protección frente al abuso y acceso a servicios esenciales.

Un proceso inclusivo y global

El 3 de abril se alcanzó un nuevo hito, pero la cima todavía queda lejos. El éxito para la elaboración de la nueva Convención dependerá, en gran medida, de la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas mayores en su proceso de redacción. Así lo que se ha subrayado desde entidades como AGE Platform Europe, la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Amnistía Internacional, y muchas otras organizaciones de la sociedad civil que han sido actores clave en la defensa de los derechos de este colectivo.

Pero dicha participación también deberá involucrar a organizaciones que ayuden a aportar una visión de conjunto, incidiendo sobre la interseccionalidad de los desafíos inherentes a la edad. La perspectiva de género será clave, ya que las mujeres mayores se ven más expuestas a la vulneración de sus propios derechos.

Asimismo, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, como el CERMI, podrán aportar experiencias de primera mano en la elaboración de estos marcos normativos, a la vez que enriquecerán el proceso de redacción con el know-how necesario para abordar elementos comunes entre colectivos, como puede ser la accesibilidad o la soledad no deseada. Y también hay que citar a Organizaciones como HelpAge y CEOMA que están desarrollando un importante rol en este campo y junto con los que trabajaremos para impulsar a nivel español la Convención, así como con AGE Platform Europe a nivel comunitario, pues la fuerza y los votos de 27 países es más relevante y de impacto, que el de uno solo.

La decisión de Naciones Unidas de iniciar la redacción de una Convención específica para las personas mayores constituye un avance histórico y una oportunidad única para transformar la manera en que la sociedad global aborda el cambio demográfico y la protección de los derechos humanos. La Convención, una vez adoptada, será un instrumento jurídicamente vinculante que beneficiará no solo a las personas mayores de hoy, sino a toda la humanidad en el contexto de una sociedad cambiante, y que ansía el reconocimiento de los derechos de todos sus ciudadanos, independientemente de su edad.