La Junta de Extremadura ultima la modificación de algunos aspectos de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS) para agilizar trámites urbanísticos y trabaja en la elaboración de un inventario de suelos de titularidad pública y privada para facilitar nuevos desarrollos residenciales.
Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en la clausura de las Jornadas Jurídicas sobre Vivienda y Urbanismo, organizadas en Badajoz por KLJCFC Asesores, y en las que también ha participado el director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana, Saturnino Corchero Pérez.
Partiendo de la base de considerar al urbanismo como una herramienta transformadora, y a la vivienda como un pilar esencial de la cohesión social, el Ejecutivo extremeño trabaja desde hace más de un año en medidas de simplificación urbanística. Entre ellas, ha destacado el consejero, está la modificación de algunos aspectos de la Lotus «que frenan el crecimiento de los municipios por su excesiva burocracia».
La mayor parte del planeamiento urbanístico municipal vigente, ha recalcado, no se ha adaptado a esta ley, debido a la existencia de ciertas disfunciones apreciadas en la misma y la propia experiencia adquirida en su aplicación, «por lo que se hace necesario acometer, con carácter inmediato, una primera modificación de la normativa urbanística».
Entre esas modificaciones de Lotus en las que trabaja el Gobierno de María Guardiola, figura el desbloqueo de la actual limitación a nuevos crecimientos que afectan a un centenar de municipios extremeños con proyectos de delimitación de suelo urbano.
Además, este año 167 localidades extremeñas se verán avocadas a la congelación de su planeamiento debido a que fue aprobado conforme al régimen jurídico anterior a la ley 15/2001. Por ello, «queremos eliminar la prohibición legal de modificación de su planeamiento, evitando que cualquier posible iniciativa de promoción, singularmente de vivienda, pudiera truncarse», ha explicado Martín Castizo.
Otro aspecto destacado es que el Ejecutivo autonómico quiere reducir el plazo de información pública de tramitación para la modificación de planes generales municipales de 45 días a un mes, cuando no se precise evaluación ambiental estratégica ordinaria; así como sustituir la licencia de primera ocupación o utilización por declaración responsable o comunicación previa. Así como el desarrollo de las entidades de certificación urbanística
Por otro lado, la Junta está analizando los suelos de titularidad autonómica con destino residencial de cara a proponer la construcción de nuevas viviendas protegidas, tanto en régimen de compra como en alquiler, algo que se verá completado con un inventario de suelos de titularidad pública y privada para facilitar nuevos desarrollos residenciales.
Asimismo, ha señalado el consejero, se está tramitando el decreto de simplificación en materia de vivienda, que incluye medidas para la agilización de las calificaciones de VPO y otros trámites vinculados a las mismas.
Todo ello, ha subrayado, con el objetivo de que «el urbanismo sea una oportunidad para el crecimiento y no un obstáculo lleno de burocracia», porque «no podemos seguir aceptando que el urbanismo sea un freno cuando debería ser motor», y los planes urbanísticos «deben convertirse en la base de comunidades más resilientes, funcionales y equitativas».