De un lado, las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva.
Sin embargo, por responsabilidad volvemos a advertir del grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país.
Antes de su aprobación, la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social.
Además, situar la jornada máxima legal por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos va a acabar por dinamitar esa negociación colectiva.
Asimismo, los planteamientos que los nuevos requerimientos que la norma recoge sobre el registro horario son de muy difícil cumplimiento, dado que el país no cuenta con la infraestructura digital necesaria, ni todos los trabajadores cuentan con las debidas competencias digitales.
Finalmente, compartiendo los objetivos que se persiguen con la regulación del derecho a la desconexión, consideramos que este ya está suficientemente preservado en la normativa vigente.
Por todo ello, llamamos de nuevo a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico.