El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, han inaugurado hoy en el Parlamento andaluz un curso que, durante dos días, reúne a 40 magistrados para abordar cómo garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en los medios alternativos de resolución de controversias, como los procesos de mediación, con todas las garantías a sus derechos y en igualdad de condiciones. Para ello, la Junta de Andalucía ha creado la figura de los facilitadores destinada a acompañar durante cualquier proceso judicial a personas con problemas de comprensión.
Nieto ha explicado que actualmente se están desarrollando proyectos piloto “para aprender a apoyar bien a estas personas, ya que como administración prestacional es nuestra obligación ayudar a que los procesos se desarrollen lo mejor posible y a humanizar la Justicia”.
El consejero se ha referido a la necesidad de acercar a los más vulnerables la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos, una fórmula en la que, según ha recordado, “en Andalucía hemos dado pasos en los últimos años que nos colocan a la vanguardia de las comunidades autónomas, como la puesta en marcha del Servicio de Mediación Penal en Andalucía o la mediación laboral intrajudicial con los Graduados Sociales».
Además, este año se pone en marcha la mediación civil y mercantil, que “ya estamos difundiendo con las Cámaras de Comercio. Por último, ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en incorporar “un módulo de mediación en el turno de oficio que ahora se amplía al obligar la Ley de Eficiencia a intentar un acuerdo antes de interponer una demanda civil o mercantil”.
En este sentido, tanto el presidente del TSJA como la directora del curso ‘MASC y capacidad’, la magistrada Yolanda San Pastor, han reconocido “el camino que lleva avanzado a Andalucía” en materia de mediación en la que ha sido “pionera”.
Para Del Río “ha habido un cambio en el mundo de la Justicia en la atención a las personas con discapacidad”. “Hasta ahora se consideraba que necesitaban una representación externa y ahora ya se buscan una serie de apoyos para que tengan igualdad de condiciones y puedan participar también en los medios alternativos de resolución de conflictos. Son personas más vulnerables que necesitan información y accesibilidad del proceso, por lo que tenemos que contar con profesionales facilitadores que les ayuden para que conozcan sus derechos”, ha subrayado.
Yolanda San Pastor ha añadido que el curso, que se celebra hoy y mañana en el Parlamento de Andalucía, pretende “analizar cómo garantizar que las personas más vulnerables puedan intervenir en un procedimiento de mediación en igualdad de condiciones y sin alterar la esencia del procedimiento”.
Estrategia de Mediación
Andalucía cuenta desde 2021 con Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales de las ocho capitales, además de en Jerez (Cádiz) y Marbella (Málaga), donde cualquier persona puede recibir orientación sobre cómo iniciar un procedimiento de mediación.
Y ya en esta legislatura, se ha diseñado una Estrategia de Mediación en el marco del Plan Estratégico de Justicia de Andalucía, para promover esta fórmula que ya está dando resultados. Prueba de ello es que la comunidad ha pasado de tener la segunda tasa de litigiosidad más alta del país a la cuarta, al finalizar 2024.