El Consell Insular de Mallorca y el Consell Insular d’Eivissa acuerdan empezar con un plan piloto que permitirá a las Illes Balears avanzar hacia el objetivo de vertedero cero establecido por la normativa de la Unión Europea

El Govern compensará al Consell Insular de Mallorca con una transferencia plurianual de 50 millones de euros, que permitirá reducir la tarifa de residuos a los ciudadanos

La tercera Conferencia de Presidentes de las Illes Balears propicia un acuerdo entre el Consell Insular de Mallorca y el Consell Insular d’Eivissa para iniciar, mediante una prueba piloto, el traslado de residuos del vertedero de Ca na Putxa de Ibiza a Mallorca para que sean incinerados en Son Reus.

Esta solución permitirá a las Illes Balears avanzar hacia el objetivo de vertedero cero que marcan las directivas de la Unión Europea. Se trata de una solución sostenible para el grave problema con los residuos que sufre Ibiza y también representa un impulso a la circularidad en el tratamiento de residuos en las Illes Balears.

En este sentido, el Consell Insular d’Eivissa continúa avanzando en el camino trazado por el Plan de Participación Ciudadana para valorar una solución definitiva para el tratamiento final de los residuos en la isla. A pesar de que este plan piloto se ponga en marcha, la institución continúa con la hoja de ruta establecida para buscar una solución de futuro y definitiva para la gestión de los residuos en Ibiza.

El acuerdo alcanzado se ha anunciado después de la tercera Conferencia de Presidentes de la legislatura, que ha tenido lugar este lunes en el centro de interpretación del yacimiento fenicio de Sa Caleta, en Ibiza, donde la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, se ha reunido con los cuatro presidentes de los consejos insulares: Llorenç Galmés, presidente del Consell Insular de Mallorca; Adolfo Vilafranca, presidente del Consell Insular de Menorca; Vicent Marí, presidente del Consell Insular d’Eivissa, y Óscar Portas, presidente del Consell Insular de Formentera.

Además, en respuesta a las necesidades expuestas por el Consejo Insular de Mallorca, el Govern de les Illes Balears se compromete a firmar con la institución un convenio de financiación plurianual por un importe de 50 millones de euros, que servirá para compensar a los ciudadanos el coste de la infraestructura y que permitirá rebajar la tarifa un 10 % a partir del 2026.

«Creo que, nuevamente, en lugar de ponernos de perfil ante los grandes problemas de estas islas, de guardarlos en un cajón o de mirar para otro lado, volvemos a encarar los retos, en este caso la gestión de los residuos y el grave problema ambiental que representan los vertederos para las Illes Balears», ha asegurado la presidenta. Además, ha agradecido el trabajo del presidente Galmés y del presidente Marí para defender los intereses de los mallorquines y los intereses de los ibicencos, respectivamente.

Negociación del convenio de carreteras

Otro de los temas que ha ocupado gran parte de la Conferencia de Presidentes ha sido el reto de la movilidad. En este sentido, la presidenta Prohens ha anunciado la solicitud conjunta de los cinco presidentes de una reunión con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para desbloquear la negociación y reiterar la necesidad de materializar el pago del convenio de carreteras.

A la espera de esta reivindicación, el Govern de les Illes Balears ha firmado protocolos con todos los consejos insulares para la ejecución de proyectos viarios urgentes con recursos procedentes del factor de insularidad del régimen especial de las Illes Balears. Concretamente, se ha previsto destinar 30 millones de euros a Mallorca, 6 millones a Ibiza (a la rotonda situada en el cruce que une Vila con Santa Eulària y Sant Joan), 6 millones a Menorca (para acabar las obras de la carretera general) y 1,5 millones para inversiones viarias en Formentera.

Recursos para abordar la situación migratoria

El Govern de les Illes Balears y los consejos insulares han reclamado una vez más al Gobierno de España que no deje abandonadas a las Illes Balears y que compense económicamente a los consejos insulares, los cuales asumen una competencia migratoria que es exclusiva del Estado.

«La conclusión es la misma: las Illes Balears ya hemos llegado al límite», ha insistido la presidenta. Durante el año 2024, las Illes Balears recibieron 1.200 menores migrantes no acompañados, cosa que implicó una sobreocupación del servicio de acogida del 1.000 % en el conjunto de la comunidad.

Prohens ha reiterado la imposibilidad de acoger a más menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas. «Es urgente un cambio drástico en la política migratoria del Estado, que vaya más allá de repartos, que se centre en la defensa de nuestras fronteras y en la lucha contra las mafias, y que actúe en los países de origen y de paso», ha dicho Prohens.

Precisamente, la presidenta ha informado de que el Govern de les Illes Balears ya ha pedido una reunión con Frontex, ante la inacción del Gobierno de España, para pedir su implicación en el control migratorio hacia las Illes Balears.