Seguridad energética con renovables
El apagón eléctrico del pasado lunes 28 de abril ha puesto de manifiesto algunas limitaciones de nuestro sistema eléctrico. También ha servido para que voces interesadas pongan en cuestión el modelo de transición y desarrollo de las energías renovables que se está produciendo en España.
En primer lugar, es necesario llegar al conocimiento de todas las causas e incidencias sobre lo sucedido en el fatídico día del apagón, para impulsar las medidas necesarias para evitar su repetición y depurar las responsabilidades que sean precisas, en el ámbito empresarial, el institucional, el político, o en todos ellos.
Pero a su vez es llamativa la ofensiva que distintos operadores económicos y mediáticos se han apresurado a lanzar, con proclamas la mayor parte de las veces interesadas y demagógicas, para cuestionar la viabilidad del proceso de transición energética que inspira el Pacto Verde Europeo y que tiene singular importancia estratégica para España.
Es necesario contrarrestar esa narrativa interesada que pretende poner en riesgo el futuro de un modelo energético que no solo va a facilitar a España una importante contribución a la reducción de las emisiones de CO2, sino que situará los precios energéticos como un factor de competitividad y atracción de inversión productiva e industrial que puede y debe llevarnos al pleno empleo.
El disparate de cuestionar el papel de la energía renovable es de tal calibre en términos de futuro de país, de generación de empleo y de riqueza, que conviene fortalece una argumentación sólida que concite adhesiones de las mayorías sociales y de la clase trabajadora.
CCOO considera que se deben mantener los objetivos y previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), revisado en 2023, para continuar el proceso de despliegue de las energías renovables y acelerar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento como la hidráulica reversible, las baterías o la solar termoeléctrica.
En este contexto se ha puesto de manifiesto la importancia de mejorar, modernizar, por lo tanto de invertir en la red eléctrica y la contribución de todas las tecnologías a su integración segura en la misma y eso pasa por un mayor papel del sector público.
La red eléctrica de transporte y distribución constituye un monopolio natural y una infraestructura crítica, especialmente en el caso de la red de transporte. Por ello, la forma más eficiente y eficaz de garantizar la inversión necesaria y una gestión en función del interés general y no de intereses particulares, es que esta red sea pública.
El sistema actual limita la inversión en transporte al 0,065% del PIB y en distribución al 0,13% del PIB, lo que es una cantidad insuficiente para la importancia de este servicio. Una red eléctrica de transporte pública permitiría reducir la tasa de retorno al nivel de los costes reales de inversión, excluyendo los beneficios empresariales y abaratando el coste final. Cabe recordar que Redeia tiene una tasa de beneficio neto muy elevada – supera el 30%- y una política de reparto de dividendos muy generosa -más del 50% del beneficio neto se reparten
Otra enseñanza importante de esta crisis ha sido la conveniencia de plantearse que, para garantizar la seguridad del sistema eléctrico, sea el operador del sistema (REE) el que determine la entrada de la generación hidroeléctrica y no el mercado, así como que las centrales de esta tecnología vayan revirtiendo al sector público a medida que caducan las concesiones hidroeléctricas. Es lamentable que España sea el único de los grandes países europeos que no controla una empresa pública de energía que fue prácticamente regalada por el gobierno Aznar a la empresa pública italiana ENEL. El actual Gobierno de España debe emitir una señal nítida en este sentido. Necesitamos más inversión en la red eléctrica, con el menor coste posible para los consumidores, lo que requiere un mayor papel del sector público.
Por otro lado y como se señalaba, más almacenamiento energético dotará al sistema de mayor capacidad de estabilización, facilitará una mayor integración de renovables, y abaratará la electricidad. Diversos sistemas eléctricos del mundo han demostrado que un despliegue acelerado del almacenamiento energético es clave para maximizar la integración de renovables y minimizar el precio de la electricidad, ya que son fuerte de energía con menor coste marginal.
CCOO insta al Gobierno de España y a la UE a repensar las prioridades en materia de seguridad y autonomía estratégica. La Comisión Europea ha cuantificado en unos 584.000 millones de euros la cantidad necesaria en una década, para la transición hacia una economía descarbonizada.
La UE necesita reducir su dependencia energética exterior. La actual situación se enmarca en un contexto en el que el diagnóstico dominante en la UE sobre el momento geoestratégico se ha centrado soló en una respuesta sobre seguridad, bajo el paradigma del rearme.
La UE debe concebir que la seguridad y la autonomía estratégica de la Unión pasa por reforzar las capacidades propias, reducir las dependencias exteriores en materias críticas como es, singularmente, el aprovisionamiento energético. El fuerte impulso a la generación renovable tiene que ir acompañado del desarrollo y actualización de las infraestructuras de distribución necesarias para consolidar la fortaleza, fiabilidad, y robustez del sistema.
Instamos al Gobierno a la canalización de los recursos económicos suficientes en esta tarea, así como a mejorar la interconexión de nuestro país históricamente ralentizada desde Francia, con el riesgo que hemos podido comprobar recientemente de forma dramática. Para estas materias sí que es necesaria una cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita a los estados y a la propia Unión destinar cantidades económicas millonarias.
España tiene ante sí la oportunidad inédita de disponer del precio de la energía como un factor de dinamismo económico, generador de actividad y empleo, contribuyendo además a una descarbonización clave para la sostenibilidad del planeta. Hay que fortalecer la seguridad energética con más inversión que integre de forma irreversible las fuentes de energía renovable en el mix energético del presente y del futuro. Actuar en otra línea sería un suicidio como país.