Antonio Maíllo y Unai Sordo
En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión, ambos han resaltado que este encuentro se sitúa dentro de las relaciones institucionales y de reconocimiento recíproco entre dos organizaciones importantes de este país, que se realiza periódicamente y que contribuye a un intercambio de pareceres sobre la situación económica, laboral, política y social de España. En palabras de Unai Sordo, “celebramos una vez más la presencia de Antonio Maíllo en nuestra sede porque creemos que es importante mantener un flujo de encuentros y de conversaciones permanente, en el que el mundo sindical y el político podamos contrastar cómo vemos las cosas”.
El secretario general de CCOO ha señalado “tres temas fundamentales, comenzando por trasladar en detalle al coordinador general de IU la posición de CCOO sobre los dos elementos más actualidad en materia sociolaboral como son la reducción de la jornada laboral y el salario mínimo interprofesional”.
En cuanto al primero de ellos, Sordo ha manifestado la satisfacción del sindicato con los términos del acuerdo alcanzado con el Gobierno, advirtiendo que CCOO “instamos a su tramitación, primero en el CM y posteriormente en el Congreso, a través de un proyecto de ley que necesariamente tiene que ser de urgencia, para que pueda acomodarse al contenido de lo que hemos acordado; es decir que el acuerdo entre en vigor en 2025, de modo que a uno de enero de 2026 el conjunto de los trabajadores y trabajadoras en España tengan como máximo una la jornada laboral de 37,5 horas semanales”.
Unai Sordo ha subrayado que lo sustancial para CCOO es la vida de los trabajadores y trabajadoras, que se mejora a través de una reducción del tiempo de trabajo. “Por lo tanto, respetamos los tiempos políticos, pero la posición del sindicato es clara: ni vamos a renegociar el acuerdo, ni vamos a admitir, al menos sin la crítica sindical, la modificación del mismo. Cuando haya un proyecto de ley y se someta a las enmiendas y propuestas de los grupos parlamentarios, ya veremos cómo se sitúa cada uno, y estaremos vigilantes con que no se desnaturalice lo que hemos pactado”.
En la reunión se ha abordado también la subida del salario mínimo interprofesional, que “para CCOO tiene que situarse en los términos que establece la Carta Social Europea, esto es el 60% del salario medio neto”. Unai Sordo ha aclarado que “si el gobierno dice que no se va a subir el mínimo exento de la cotización al IRPF, esto implica que pidamos un incremento mayor del SMI, con la idea de que en cualquier tratamiento fiscal que tenga el ingreso del SMI se garantice que lo que la persona trabajadora se lleva en la nómina, neto, es al menos ese 60%”.
“No demonizamos que se cotice IRPF por los ingresos obtenidos, pero que no sea a costa de que las personas trabajadoras vean disminuidos sus ingresos, y son precisamente quienes menos cobran”.
Por último, ambos dirigentes han hecho una pequeña reflexión sobre la importancia del “momento de época en el que nos hallamos”, muy relevante, en términos económicos y políticos, no ya en España sino en el mundo.
“Estamos viviendo la amenaza reaccionaria y descivilizatoria más importante que han vivido las poblaciones occidentales en las últimas décadas. Desde este punto de vista, instamos a las fuerzas políticas, a las de izquierda pero también a las fuerzas democráticas que crean en el potencial de los estados de derecho, a tomar consciencia de lo que hay en juego”, ha subrayado Unai Sordo.
Tanto Antonio Maíllo como Unai Sordo han destacado la importancia de aprobar unos PGE para 2025, “que tanta incidencia tienen sobre la vida de muchas personas”, instando a los grupos parlamentarios a “ser conscientes del momento en que vivimos, en el que no es una buena noticia la prórroga de los PGE, y la estabilidad política es fundamental para hacer frente a los retos que tenemos en general y los de la clase trabajadora en particular”, según ha advertido Sordo.
Ha habido asimismo coincidencia entre ambos dirigentes en lo que se refiere a la necesidad de poner en valor el sistema público de pensiones, blindándolo frente a los intentos de debilitarlo para favorecer el negocio de los planes privados de pensiones.